En agosto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de protección para denunciar las precarias condiciones de las mujeres que habitan el módulo de maternidad del Centro Penitenciario de San Miguel. Las internas aseguran que enfrentan carencias críticas, como la falta de controles de salud, mientras el programa estatal “Creciendo Juntos”, diseñado para apoyarlas, fue cuestionado por la Dirección de Presupuestos por carecer de “criterios de focalización claros y objetivos”.
Por Aldo Vidal Neira // Ilustración: Valentina Vergara
El agua brota desde el piso y se acumula. Desde el techo escurren gotas y se advierte humedad y hongos. La rejilla del alcantarillado está abierta y, según relatan las reclusas, en las noches aparecen ratones. Así es el baño de la sección de gestantes del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. Un espacio que deben ocupar las 10 mujeres embarazadas que actualmente habitan el módulo. Cinco de ellas enfrentan embarazos de alto riesgo.
El 30 de julio de 2024, funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) visitaron el penal para evaluar las condiciones en que estas mujeres cumplen su condena. Tras recorrer las instalaciones, elaboraron un informe que terminó en la presentación de un recurso de amparo, buscando una intervención urgente.
El sector de gestantes, compuesto por tres pequeñas habitaciones, alberga 10 camas. Las internas explicaron a los funcionarios del INDH que los colchones son tan delgados que, cuando no están todas las camas ocupadas, prefieren juntarlos para descansar un poco mejor.
Entre las reclusas se encuentra A.T.C. de 20 años, nacionalidad chilena y 29 semanas de embarazo. Su estado es de alto riesgo, pues su feto presenta un diagnóstico de foco hiperecogénico que implica una filtración en su corazón y problemas para respirar. La joven dice en el escrito “mantener constantes dolores y contracciones, las que son contrastadas por el personal médico del recinto penitenciario con paracetamol y viadil”.
Otro caso es el de L.S.T., de 34 años, chilena y con 19 semanas de embarazo gemelar. La mujer afirma que mantiene un dolor constante en el útero, así como en otras partes de su cuerpo: “Señala que los primeros días de embarazo tuvo mucho sangrado, así como un proceso de hinchazón, no siendo atendida de manera apropiada por funcionarias de gendarmería. Debido a que su embarazo es de gemelos, requiere atenciones y cuidados especiales, como alimentación, la que no es debidamente atendida por funcionarias de gendarmería, señalando que se encuentra mal alimentada”.
L.C.A. de 30 años, chilena, y con nueve semanas de embarazo, contó a los funcionarios que en enero de 2024 tuvo una pérdida, lo que transforma su actual proceso gestacional en uno de cuidado, “no estando permitido realizar ningún tipo de fuerza, ni sobresaltos que generen fuertes impresiones”.
El sector de los gestantes
La sala de estar es un espacio de paredes blancas y piso de vinilo, con una iluminación deficiente ya que algunos de los tubos fluorescentes no funcionan. Existe un sofá y un sillón para todas las internas, “los que además se encuentran en malas condiciones, que no permiten un mínimo grado de comodidad, sobre todo para las personas que presentan mayores semanas de gestación”, señala el recurso judicial.
El informe también añade que “todas las internas reciben la misma minuta de alimentación, sin hacer distinción entre internas con embarazos sanos e internas con embarazos de alto riesgo o con enfermedades base”.
No obstante, el relato de los funcionarios destaca la existencia de un anexo más amplio, con acceso a un patio interno, luz natural, sillones cómodos y una televisión. Sin embargo, este espacio solo está disponible entre las 9:00 y las 17:00 horas, un tiempo que las internas consideran insuficiente. Solicitan, además, que los muebles del anexo se trasladen a la sala de estar, pues allí, tanto los sillones como la televisión están en un estado deplorable.
Otro foco de tensión es el teléfono público del módulo, al cual se le pone un candado a las 15:00 horas. Este horario limita las posibilidades de las internas de comunicarse con sus familiares y, especialmente, con sus hijos, quienes terminan sus actividades escolares alrededor de las 17:00 horas. ”Esto aumenta su estado de angustia”, señala el documento.
La visita del juez
La denuncia del INDH tuvo un efecto rápido: el 12 de agosto el juez Rodrigo Hormazábal del 11 juzgado de Garantía visitó a las reclusas y se entrevistó con ellas para conocer de primera mano la situación.
Una de ellas, C.V.J, le explicó que “la atención médica ha sido demorada en situaciones de urgencia. Fue derivada al Hospital Barros Luco (…). Indica que después de las 17:00 hrs. solo hay un paramédico, no especializado en atención a mujeres embarazadas”.
Otra reclusa, C.C.A., embarazada de cuatro meses, le dijo al juez que “hay filtraciones de agua que forman charcos. Menciona la presencia de chinches en las camas y que ha sido testigo de tres embarazadas que han perdido a sus bebés. Además, solicita hablar con su abogada”.
Dos días después en la audiencia de revisión de garantías el tribunal ordenó que el CPF San Miguel informara “en qué situación está la sección gestantes ya que se ha denunciado en este caso la situación precaria y miserable (…) Asimismo se ordena adoptar de forma inmediata medidas de resguardo respecto de la imputada para proteger su integridad como así la continuación de su embarazo”.
La alcaide del CPF de San Miguel, María Paulina Lueiza, respondió la solicitud y explicó que “efectivamente la sección materno infantil cuenta con evidencias de una posible filtración, proveniente desde baño en piso superior, evidenciándose humedad en zonas de duchas por desborde de agua”.
La respuesta agrega que estas observaciones fueron detectadas y señaladas en una minuta elaborada el 20 de mayo de 2024 “y en un informe CPF San Miguel del 8 de julio del 2024, confeccionados por oficina de infraestructura regional y elevados a nuestra superioridad institucional para su evaluación y gestión, encontrándonos a espera de respuesta”.
Problemas estructurales
El 26 de agosto, nuevamente funcionarios del INDH acudieron al recinto penitenciario y tomaron fotografías del lugar. “Este registro, da cuenta de que a la fecha 26 de agosto de 2024, y sin perjuicio de los oficios enviados por distintos Juzgados de Garantía, el recinto penitenciario en aquella sección que está destinado para mantener privadas de libertad embarazadas, no tenido reparación alguna, persistiendo de esta manera los desperfectos previamente denunciados”.
Consultada por Hiperlatidos sobre si tres meses después de la denuncia ha mejorado la situación, Gendarmería señala que “actualmente una empresa externa está realizando las reparaciones indicadas, en la Sección Materno Infantil del Centro Penitenciario Femenino San Miguel. Precisar, además, que previamente ya se habían hecho arreglos en los baños de dicha sección”.
La institución informó, además, que en 2023 el “plan de mejoras carcelarias para mujeres privadas de libertad”, impulsados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Gendarmería de Chile, permitió realizar mejoras de infraestructura (ampliación y/o remodelación) en los recintos de CPF Bulnes, CPF Punta Arenas, CDP Illapel (mejoramiento sección materno infantil), CPF Santiago, C.C.P de Iquique (mejoramiento sección materno infantil).
Francisca Millan, abogada del estudio jurídico AML especializado en la defensa de mujeres, precisa que en general las condiciones penitenciarias son complejas en Chile, en particular para las mujeres, y que “en el caso del embarazo existen desafíos específicos, pero hay un estándar internacional que debe cumplirse, en el que sobre todo deben respetarse los derechos humanos”.
La especialista explica que, además de los tratados internacionales que aseguran, entre otras cosas, que las cárceles de mujeres cuenten con “instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene, incluidas toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el cuidado personal de niños, en particular las que cocinen, las embarazadas y las que se encuentren en período de lactancia o menstruación”, existe un proyecto de ley denominado Sayen que va un paso más allá.
Se trata de una propuesta presentada en 2017 que busca permitir que mujeres con hijos menores de dos años junto con embarazadas, no cumplan su condena en la cárcel y se privilegie la reclusión domiciliaria.
El origen del proyecto está en el caso de una joven mapuche llamada Lorenza Cayuhan que fue detenida y condenada por el delito de robo, estando embarazada con 4 meses de gestación. Mientras cumplía su condena en la cárcel de Arauco, comenzó a sufrir complicaciones en su embarazo, y tras numerosos reclamos fue trasladada al hospital. Allí le practicaron una cesárea, mientras estaba engrillada de pies y en presencia de gendarmes varones. Su hija fue nombrada Sayén, y es quien inspiró la propuesta legal.
Tras siete años ha avanzado poco. Actualmente el proyecto se encuentra con suma urgencia y en primer trámite constitucional en el Senado. La presentación más reciente se realizó en marzo de 2024. Según las últimas cifras este proyecto beneficiaría a cerca de 150 mujeres embarazadas que se encuentran recluidas actualmente (ver infografía).
¿Creciendo juntos?
Dentro de Gendarmería existe un programa institucional implementado en 2017 y específico para reclusas que son madres de niños menores de dos años, llamado Creciendo Juntos, que cuenta con un presupuesto de $1.300 millones al año.
“El objetivo es atender a mujeres en etapa de gestación y mujeres privadas de libertad con hijos/as entre 0 y 2 años que permanecen con sus madres en reclusión. El programa atiende también a padres con hijos hasta 12 años que concurren a visita, y otorga intervención psicosocial familiar en el contexto de su proceso de reinserción social”.
En marzo de 2024, la Dirección de Presupuestos evaluó la gestión del programa y fue lapidaria. “No presenta criterios de focalización claros y objetivos que permitan definir la población a atender en el mediano plazo. El único criterio adicionado de focalización refiere a la existencia de establecimientos donde se imparten los talleres parentales, lo que no corresponde a un criterio de focalización que presenta la población y que permite definir a quienes se atenderá en el mediano plazo”, señala el informe.
Agrega que la población atendida (738 personas) es bastante menor a la población objetivo que se espera atender en el mediano plazo (13.193 personas) y que el gasto administrativo “no describe adecuadamente los gastos en servicios de apoyo incurridos por el programa o no es coherente con la desagregación por subtítulos”. Como conclusión señala que es necesario evaluar su diseño y que “se solicita su ingreso a Evaluación Ex Ante Formulación Presupuestaria 2025”.
Consultada sobre el tema, Gendarmería de Chile señala que esta iniciativa comenzó en el 2017 -antes de esa fecha existía el Programa de Atención a Mujeres Embarazada con Hijo Lactante (Pamehl)- y que “la evaluación de Creciendo Juntos es positiva, ya que contribuye de manera favorable con el proceso de intervención psicosocial de madres y padres que están privados de libertad, con el objetivo de que puedan desarrollar y fortalecer una parentalidad positiva, generando redes de apoyo que permitan incidir en el proceso de reinserción social”.
