En 2023, Chile y Colombia solicitaron al tribunal internacional una opinión consultiva para conocer las responsabilidades de los Estados ante los efectos del fenómeno. Se trata de un proceso histórico, en un contexto donde en el territorio chileno, por ejemplo, la emergencia se vuelve una realidad diaria protagonizada por una larga sequía, brutales incendios y altas temperaturas.
Por Judith Herrera Cabello
El calor la pone nerviosa. La nariz le tiembla cuando siente, de forma imaginaria, ese olor que nunca se le olvidará: cenizas y fuego. Los recuerdos son lo que viene después: un cielo carmesí con una espesa nube gris y entre medio, las llamas.
El infernal escenario de un incendio.
Para Jaqueline Fernández (55) el verano ya no está asociado a descanso y días alegres. Hoy se vincula con un antes y después tras perder no solo su vivienda, sino también a sus mascotas, siete gatos y una perra, en el terrible siniestro forestal que azotó la Región de Valparaíso de Chile en febrero de este año. Su casa se quemó al igual que la de uno de sus hijos y con eso todas las posesiones que juntó durante su vida.
Su hogar, que se ubicaba en el sector de Achupallas en la comuna de Viña del Mar, fue solo uno de los cientos incendiados en la temporada pasada de siniestros forestales. Entre enero y febrero, los focos de incendios se registraron en distintas regiones, provocando la muerte de 137 personas, el número más alto de fallecidos en este tipo de evento en los últimos 15 años.
“Cuando veo una nube de humo me aterrorizo, pienso ‘volvió’ y llamo a mi hijo quien siempre me dice ‘mamá, estamos bien, tranquilízate’. Pero es el miedo de que vuelva a pasar, de perderlo todo de nuevo y tan rápido, sin nada que se pueda hacer”, cuenta Jaqueline.
En Chile, los incendios forestales no son nuevos, lo que ha cambiado es su intensidad. Desde hace ya unos años se han convertido en uno de los principales desastres en un país que no es ajeno a fenómenos de la naturaleza. Y cómo no, con el terremoto que sufrió en 2010 o los aluviones y erupciones volcánicas de 2015. Pero los incendios, cada vez más recurrentes, se han vuelto una verdadera pesadilla para la zona centro sur.
Y es que el cambio climático que experimenta el país solo ha exacerbado otros fenómenos por los que atravesaba: una larga sequía y proceso de desertificación junto con el alza de sus temperaturas. Elementos que se traducen en malas noticias: los incendios solo pueden empeorar.
Bajo ese escenario es que las medidas prácticas y las políticas públicas de parte del Estado se vuelven primordiales. La emergencia climática no solo conlleva daños ambientales, sino que genera impactos reales y directos en las comunidades, especialmente en los grupos más vulnerables y cuyos derechos humanos deben ser protegidos.
Una consulta histórica
¿Qué responsabilidad tienen los Estados ante el cambio climático? Con esta pregunta se puede resumir el foco central de la opinión consultiva que formularon los Estados de Chile y Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en enero de 2023. El documento de 14 páginas se centra en indagar sobre las consecuencias del fenómeno bajo una perspectiva de los derechos humanos y en el contexto de la necesidad de contar con estándares interamericanos para acelerar las respuestas de los gobiernos.
La opinión consultiva agrupa sus interrogantes al tribunal en seis áreas temáticas: las obligaciones estatales derivadas de los deberes de prevención y garantía de derechos humanos, donde pregunta, por ejemplo, “¿qué medidas deben tomar los Estados para minimizar el impacto de los daños por la emergencia climática, a la luz de las obligaciones establecidas en la Convención Americana?”.
Los otros ámbitos incluyen las obligaciones estatales de preservar el derecho a la vida y la sobrevivencia; las con respecto a los derechos de los/as niños/as y las nuevas generaciones; las emergentes de los procedimientos de consulta y judiciales; las de protección y prevención a las personas defensoras del ambiente y del territorio, así como las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes; y, finalmente, las obligaciones y responsabilidades compartidas y diferenciadas en derechos de los Estados.
Mediante este procedimiento, el gobierno chileno de Gabriel Boric y el colombiano de Gustavo Petro buscan que el tribunal internacional analice el tema, sumándose a los denominados litigios climáticos que han cobrado relevancia en los últimos años y que ponen bajo la lupa al impacto que tiene el daño medioambiental en la calidad de vida de las personas.
Según el informe más reciente sobre litigios climáticos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) –publicado el año pasado–, a diciembre de 2022 había más de 2 mil demandas de este estilo en 65 instancias procesales, tanto internacionales y regionales.
De hecho, en paralelo a la opinión consultiva solicitada por Chile y Colombia se realizaron otros dos procesos consultivos similares: uno en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que fue pedido por la Comisión de Pequeños Estados Insulares y que recibió respuesta en mayo pasado; y otro ante la Corte Internacional de Justicia, solicitado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Estado de Vanuatu junto con otros 130 países, cuyas audiencias comenzarán en diciembre.
Pero antes de avanzar, algo importante: ¿qué es una opinión consultiva?
La Corte IDH realiza un extenso trabajo jurídico relacionado con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los más conocidos son los casos contenciosos, es decir, aquellos donde el organismo debe emitir una sentencia a partir del análisis de un expediente derivado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Chile, por ejemplo, existen antecedentes conocidos como la denuncia de censura a la película La Última Tentación de Cristo.
No se trata de la única tarea que realiza el tribunal: otra arista relevante son las opiniones consultivas. “Así como cuando tú acudes a un especialista por una consulta específica, por este medio la Corte IDH responde consultas que formulan los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma acerca de: a) la compatibilidad de las normas internas con la Convención; y b) la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos”, explica el sitio web del organismo.
La opinión solicitada por Chile y Colombia es una de las más significativas y es que el tema congrega el interés de una gran cantidad de personas por lo que la participación fue histórica y sumaron más de 200 observaciones de comunidades, ONGs y otros países sobre la materia.
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“Tenemos claro que la Convención Americana no se refiere expresamente al cambio climático, fue adoptada en 1969, por lo tanto, es un instrumento internacional que no visualizó estos fenómenos que suceden hoy, pero que impactan en una serie de derechos que sí están garantizados a propósito, por ejemplo, del desplazamiento humano que genera, los efectos en la salud, impacto en la niñez, y otros temas”, aclara Tomás Pascual, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
En esa línea, comenta que “para determinar la forma en que los países deben cumplir las obligaciones que están contenidas en ese tratado internacional, nos parecía relevante realizar la consulta por los esfuerzos que Chile ha hecho en materia vinculada a la preservación del medio ambiente y que pudiera tomar la iniciativa pidiéndole a la corte su opinión sobre obligaciones que no han sido desarrolladas en esa temática. Por lo tanto, esta es la oportunidad para que la corte indague y genere las directrices”.
Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, explica que a diferencia de un proceso contencioso, en el caso de las opiniones consultivas, “no hay un mandato de parte de la Corte directamente a los Estados, sino que es una interpretación normativa”.
Sin embargo, la especialista precisa que cuando ya exista la resolución de parte del tribunal, los Estados “en caso de incurrir en alguna situación que pueda ir en contra de esa interpretación, eventualmente podrían ser sujeto de demandas ante la Corte IDH”.
“La opinión consultiva en sí misma lo que va a hacer es entregar parámetros, por así decirlo, de cómo los Estados deben actuar frente a los efectos de la crisis climática para proteger los derechos humanos. Estos van a ser importantes para la creación de políticas públicas por parte de los Estados, pero también para la población en general que va a poder demandar de parte del Estado su cumplimiento”, detalla Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA.
Lo anterior se traduce en que las personas pueden solicitar ese cumplimiento en instancias administrativas y legislativas y también “por nivel judicial: demandar efectivamente al Estado cuando no esté cumpliendo con esos deberes y ahí de nuevo lo que nos entregue la corte va a ser importante como guía”, comenta el experto.
Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente de Chile, coincide y señala que una vez exista una respuesta de parte del tribunal “los países que han ratificado la jurisprudencia de lo que hace la corte deben considerarla dentro de su propio juicio a nivel local, es decir, tendrá efectos directos en nuestro marco legal”.
Chile, un país transformado
Al compartir con alguien todos los días no se notan ciertos cambios: unas que otras arrugas apareciendo, quizás una alza o baja de peso. Una especie de mirar sin ver, muy diferente a la de encontrarse con un amigo a quien no se ha visto hace años y descubrir, de inmediato, cuánto ha cambiado.
No es un fenómeno que ocurre solo con las personas, también pasa con objetos, lugares, incluso la naturaleza. En especial en este último ejemplo: ese pasto o árbol con el que te topas todos los días, detente no solo a mirarlo, sino que observa cómo cada día son más profundas las manchas amarillas que consumen el verde; la clorosis expandiéndose por falta de hidratación.
Una prueba más de cómo en Chile la escasez hídrica avanza, perpetuándose después de acompañar a sus habitantes hace más de una década y transformando, sin que casi nos demos cuenta, la fisionomía del país. De la mano del cambio climático se exacerban los eventos climatológicos hasta quitarles a esas hojitas el color, dejándolas secas y facilitando los terribles incendios forestales que solo aumentan.
No es el único impacto que está provocando el fenómeno global en el territorio: más tormentas, remolinos de polvo, alza en las temperaturas extremas, son algunos de los efectos que se pueden observar y cuyas consecuencias no están netamente vinculadas al medioambiente, sino que con la calidad de vida de las personas: su salud, su vivienda, su trabajo. Y es que las repercusiones del cambio climático no son, y no serán, equitativas para todos. Al igual que en tantos otros ámbitos, también se relacionan al grupo socioeconómico, con aquellos más vulnerables enfrentando un peor presente y, posiblemente, futuro.
En el país más al sur del mundo es casi imposible escapar de la sequía que comenzó en 2009. Si bien en un inicio los lugares afectados estaban ubicados al norte, hoy, los sectores centro y parte del sur ya experimentan las consecuencias de la escasez hídrica.
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De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (Meteo Chile), las precipitaciones en todo el territorio disminuyeron un 4% por década en los últimos 63 años. La zona entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso es la que presenta la mayor reducción, entre 5% y 7% por década.
En el reporte anual de la evolución del clima en Chile, la institución añade en los elementos destacados que 2023 fue el año más cálido desde 1961, con una media nacional de 13,5°C, y que “el 83% del territorio presentó condiciones más cálidas”. Con lo anterior, se suman 14 años consecutivos de temperaturas altas.
Ricardo Vásquez, meteorólogo de la Oficina de Cambio Climático del organismo, pondera que los efectos más evidentes del fenómeno global en Chile son el aumento de temperatura, disminución de las lluvias y aumento en la altura de la isoterma cero. “Y si bien, estas variables tienen ciclos naturales que las modulan, se ha comprobado que parte de sus tendencias observadas son explicadas por la emisión de gases de efecto invernadero producto de la actividad humana”, advierte.
Gran parte del país experimenta las consecuencias del cambio climático, pero de distinta forma pues el impacto depende del tipo de territorio. “Por ejemplo, en términos de temperatura son las zonas de valles y cordillera las que tienen el mayor aumento, lo que lleva también a una mayor frecuencia de eventos extremos como las olas de calor, récords de temperatura y condiciones más favorables para la propagación de incendios forestales”, sostiene el especialista.
En cambio, en la zona centro y sur del país, a este aumento de temperatura “se suma la disminución en la precipitación, lo que agrava la situación, debido a la escasez hídrica, ya que afecta por consiguiente la disminución de nieve en la cordillera, impactando diferentes actividades productivas”, indica Vásquez.
En línea similar, el climatólogo de la Universidad de Santiago de Chile, Raúl Cordero, precisa que, en términos promedio, “las precipitaciones han disminuido alrededor de 25% en los últimos 10 años respecto a las décadas precedentes en buena parte de la zona central”.
Además, las altas temperaturas hacia el sur “provocan acelerados derretimientos en los enormes glaciares que tenemos en la Patagonia”. Así, por ejemplo, en Campos de Hielo, este evento extremo es el que “más contribuye al alza en el nivel del mar producto de las miles de millones de toneladas de hielo que se pierden cada año como consecuencia de las altas temperaturas”, dice Cordero.
Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en Chile, un 23% del país se encuentra en estado de desertificación, proceso en que el suelo se va degradando y las tierras fértiles se convierten en zonas áridas y desérticas. Además, el 53% del territorio presenta estado de sequía.
“Esta tendencia de sequía alcanzó su extremo entre 2019 y 2021, con condiciones de hiper-sequía marcadas por déficits de precipitaciones superiores al 80%, llevando a los ecosistemas, asentamientos humanos y actividades productivas al borde del colapso”, precisa Maritza Jadrijevic, jefa del Departamento de Adaptación de la División Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente.
Una de las grandes consecuencias del fenómeno ha sido el alza en los incendios forestales que todos los años, durante el verano –e incluso primavera– lideran las portadas de los medios. Este denominado nuevo régimen de siniestros, principalmente por causas humanas, ha empeorado “por condiciones más cálidas y secas que potencian su propagación. Implican graves consecuencias en términos de pérdidas humanas y materiales, que se suman a los rápidos cambios de uso de suelo y pérdida de bosques nativos con consecuencias adversas para la biodiversidad, la provisión de agua y los medios de vida”, dice Jadrijevic.
De acuerdo con datos de la Conaf, si en 2003 la cantidad de hectáreas nacionales afectadas por incendios forestales era de 41,987.73, 20 años después, en 2023, la cifra creció 10 veces hasta llegar a 429,103.01.
La destrucción total de terrenos y asentamientos humanos conlleva una larga y lenta reconstrucción, aumentando la vulnerabilidad en las comunidades. Por ejemplo, solo tomando el caso de los graves incendios en la Región de Valparaíso en febrero de este año, se observa que el daño se presentó principalmente en campamentos y viviendas sociales.
Un estudio realizado en conjunto por el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN) y el Centro UC Observatorio de la Costa, analizó la vulnerabilidad social antes y después del evento y estableció a “un alto porcentaje de población y viviendas con niveles altos y muy altos de vulnerabilidad social, alcanzando el 46% en ambas categorías, condición que contribuyó al nivel de desastre”.
Los motivos que inciden son “la falta de seguridad social y de pertenencia, el acceso a servicios públicos, equipamiento de salud e infraestructura urbana, desempleo y calidad de las viviendas, bajo acceso a establecimientos educacionales, inmigrantes y el rol de la mujer”.
Jacqueline Fernández, quien observó cómo su casa era consumida por el fuego en el gran incendio de Viña del Mar, convive hoy con la angustia de todavía no contar con un nuevo hogar pues no ha recibido el apoyo necesario para reconstruir lo que perdió. “Es burocracia tras burocracia. Se hace muy difícil todo el proceso, mucho papeleo y muchas instituciones a las que hay que estar acudiendo entonces se avanza muy lento y con pocas soluciones”, dice.
Y pese a lo anterior, en Chile la escasez hídrica no es el único evento agudizado por el cambio climático. Debido a su clima diverso y ecosistema, en el país ya se presentan otros fenómenos problemáticos. Marcelo Mena, quien hoy es director de la Fundación Meri, explica que “lo que estamos viendo hoy, mayores olas de calor, frecuencia más alta de incendios forestales, de eventos extremos de lluvia, tormentas, remolinos de fuego son parte de los efectos. Estamos entrando en una época de extremo a extremo que se está manifestando por todo el territorio chileno”.
El climatólogo Raúl Cordero señala que pese a la disminución de las lluvias, “las tormentas parecen estarse intensificando, es decir, las pocas precipitaciones anuales caen en unos pocos días y eso por supuesto que es más peligroso”. En agosto, por ejemplo, en la Región Metropolitana se registró un temporal de lluvias y vientos inusuales que causó extensos cortes de electricidad debido a la mala preparación –lo que también ha provocado un duro debate sobre las concesiones de energía que tiene el país–.
A ese tipo de evento se suman las olas de calor: “Las temperaturas han aumentado de manera significativa en Sudamérica, igual que en el resto del mundo, pero en la zona central de Chile se ha disparado la frecuencia de estos fenómenos”, advierte Cordero y detalla que las olas de calor en la última década promedian tres veces más frecuencia que las que se registraban hasta hace unos años.
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Los eventos climáticos extremos traen graves consecuencias sociales y económicas. Incluso con el cambio climático se puede observar cómo la inequidad complejiza sus efectos y los expertos alertan por el mayor golpe en los grupos vulnerables.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte en un reporte publicado en 2023 que en Chile, por ejemplo, el impacto del alza en temperaturas en su Producto Interno Bruto (PIB) para 2099 sería de alrededor de un 5%. “Los impactos climáticos no se limitan al sector agrícola, sino que afectan al conjunto del sistema productivo, incluyendo los sectores industriales y de servicio”, plantean las conclusiones del documento.
Para Carolina Rojas, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica de Chile, “desde la perspectiva de política gubernamental, Chile va bien. El problema está en la desigualdad y es que es un país muy desigual y la vulnerabilidad climática depende mucho de la vulnerabilidad social”.
A su juicio, el gran problema “es la justicia climática. No todas las personas van a poder adaptarse por igual a estas condiciones ni van a poder enfrentar estos riesgos de la misma forma. Podemos tener políticas ambientales y políticas climáticas, pero si no van acompañadas de justicia, en el fondo son palabras bonitas”.
La especialista explica que en el caso de la escasez hídrica es evidente que las zonas rurales se ven más perjudicadas que las urbanas porque en las ciudades existen “empresas sanitarias que por contrato tienen que proveer el agua, e incluso en situaciones de sequía, tendrían que mantener funcionando el sistema. En cambio, en zonas rurales, donde ni siquiera tienes infraestructura, la única dependencia es de pozos muchas veces”.
“Y si no están los recursos puede haber efectos muy complejos en las comunidades, en la agricultura, en las prácticas, en las formas de vivir, en los ecosistemas”, añade.
Maritza Jadrijevic del Ministerio de Medio Ambiente explica que en el caso de la sequía, la disponibilidad del agua es el efecto más crudo. Así, entre las consecuencias humanas que se pueden observar está el “impacto en los grupos más vulnerables al cambio climático, como por ejemplo las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con movilidad reducida, habitantes de zonas rurales, personas en situación de pobreza”.
Agrega que “la falta de agua obliga a muchas familias, especialmente en zonas rurales, a desplazarse hacia otras zonas en busca de mejores condiciones de vida”, y que la escasez hídrica también “afecta la higiene y la salud de la población, incrementando la incidencia de enfermedades relacionadas con el agua”.
En paralelo, señala que los conflictos por el agua si bien siempre han estado presentes, “en las últimas décadas han experimentado una profundización y un aumento en su desarrollo. Un factor importante son los periodos de sequías cada vez más frecuentes relacionadas con el cambio climático, un problema previsto es que se incremente con el tiempo en el país”.
Jadrijevic argumenta que desde la perspectiva económica hay un fuerte impacto en el sector agrícola, uno de los más importantes en Chile, porque la disminución de disponibilidad afecta la producción “reduciendo los rendimientos de las cosechas y provocando la muerte de ganado. Esto impacta negativamente en los ingresos de los agricultores y en la seguridad alimentaria del país”. Incluso, la minería, otro gran sector financiero para el país, existe un riesgo porque “los impactos potenciales incluyen la paralización de operaciones y la disminución de la productividad si el agua se convierte en un recurso limitante”.
Otro punto a considerar es el rápido envejecimiento poblacional en Chile: el Instituto Nacional de Estadísticas proyecta que en 2050, un 32% de la población tendrá más de 60 años. Se trata, precisamente, de un grupo etario bastante vulnerable a las altas temperaturas a raíz de las enfermedades crónicas que suele padecer.
Frente a temperaturas de más de 33°C, la población de edad más avanzada, por ejemplo, “empieza a aumentar el riesgo de enfermarse, de tener consultas cardiovasculares e incluso de morir, entonces, se produce un impacto muy directo en la salud de las personas”, explica Mauricio Fabry, jefe del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Santiago.
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Como irreversibles. Así denominan los especialistas a los principales eventos extremos que no dejarán el territorio chileno.
“Se proyecta que la frecuencia de sequías aumente entre un 15% y un 27% en las regiones centro y centro sur, que están densamente pobladas y son cruciales para la agricultura. Por el contrario, las áreas desérticas del norte podrían experimentar un alza de hasta el 57% en la precipitación, lo que podría implicar un aumento en el riesgo de inundaciones”, advierte Maritza Jadrijevic, del Ministerio de Medio Ambiente.
De acuerdo con Ricardo Vásquez de Meteo Chile, las tendencias que se observan deberían mantenerse, “es decir, la temperatura seguirá aumentando y la precipitación disminuyendo. La intensidad con que lo hagan dependerá de las medidas de mitigación que se logren durante las próximas décadas, por lo que igualmente son necesarias políticas de adaptación para enfrentar ese nuevo escenario”.
Por ejemplo, un estudio del Instituto de Ecología y Biodiversidad y de la Universidad de La Serena señala que el centro de Chile se convertirá en un “hotspot” del cambio climático y continuarán las alzas de temperatura y la caída en las precipitaciones. De hecho, según el Ministerio de Medio Ambiente, en el escenario más favorable de aquí al 2030 “el aumento en la temperatura fluctuaría entre los 0.5 ºC para la zona sur y los 1.5 ºC para la zona norte grande y el altiplano”, mientras que las lluvias disminuirán “entre un 5 y 15% entre la cuenca del río Copiapó y la cuenca del río Aysén”.
“La temperatura va a seguir al alza, las precipitaciones van a seguir a la baja y las tormentas intensas que afectan desde la zona central sur hacia el sur podrían intensificarse aún más”, es la proyección que realiza el climatólogo Raúl Cordero.
Bajo este complejo escenario, el experto plantea que hay que tomar medidas de “adaptación climática para asegurar la provisión de agua a los habitantes de la zona central. Las grandes sequías que tuvimos hasta el año pasado se saldaron sin tener que racionar el agua potable para consumo humano, pero en el futuro podría ser que ese no sea el caso”.
Adaptación a un nuevo estado ambiental
El país cambió. El calor llegó para quedarse y las lluvias pronto se convertirán en leyendas, salvo cuando sean tormentas intensas. Frente a las transformaciones y la sobrevivencia no queda más que la adaptación para hacer frente al fenómeno climático.
Chile ha mantenido políticas ambientales actualizadas, comenzando con la ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1994 y su adhesión al Protocolo de Kioto en 2002.
Desde el año 2000, el país ha presentado varias Comunicaciones Nacionales, incluyendo un inventario de gases de efecto invernadero (GEI) y estudios sobre vulnerabilidad y adaptación. En 2011, se actualizó el inventario de GEI y se incorporaron nuevos datos sobre adaptación y mitigación. En 2014, se lanzó el primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y se estableció una estructura operativa para su implementación.
La Tercera Comunicación Nacional, presentada en 2016, documentó avances en adaptación y mitigación, destacando la vulnerabilidad del país y estrategias de adaptación a través de nueve Planes Sectoriales. En 2020, Chile actualizó su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) con metas más ambiciosas para los años 2021 a 2030. Durante la COP26 en 2021, presentó su Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), alineándose con el Acuerdo de París y reafirmando su compromiso con la acción climática.
“Chile ha enfrentado el cambio climático como una política de Estado desde que este problema global fue motivo de preocupación internacional, manteniendo una posición proactiva en la agenda y negociaciones internacionales de cambio climático, con un incremento sostenido de su importancia en la política pública y también en la ambición de los compromisos que el país ha adquirido”, afirma Maritza Jadrijevic, jefa del Departamento de Adaptación de la División Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente.
La consolidación de estos esfuerzos se reflejan en la Ley Marco de Cambio Climático publicada en junio de 2022 con la que se crea “un marco jurídico para que el país pueda abordar este fenómeno global, en materia de mitigación y adaptación con una mirada de largo plazo, y así dar cumplimiento a sus compromisos internacionales asumidos en el Acuerdo de París, que persigue limitar el aumento de la temperatura global del planeta”, subraya Jadrijevic.
La normativa establece dos grandes objetivos para 2050: por un lado la carbono neutralidad, y por otro, la resiliencia. Para lograr las metas se estableció una institucionalidad junto con herramientas para el Estado con el fin de gestionar cómo abordar el fenómeno. Jadrijevic plantea que en la ley, Chile “se hace consciente de la responsabilidad del Estado de proteger a los grupos más vulnerables y construir una sociedad resiliente para enfrentar los impactos, tomando en cuenta aquellos que estamos enfrentando en la actualidad y también los que las futuras generaciones enfrentarán”.
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¿Cómo se preparan las ciudades? En la Región Metropolitana, donde se ubica la capital de Chile, Santiago, residen más de 8,4 millones de personas, concentrando a 52 comunas, es decir, es la zona más poblada del país. Y es el foco de varios de los eventos agudizados por el cambio climático, haciendo crucial la adaptación.
Mauricio Fabry, jefe del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Santiago, advierte que en la región se experimenta una fuerte escasez hídrica porque “estamos ocupando más agua de la que produce el ecosistema y eso provoca un impacto muy importante en la producción y en las personas”. Da como señal que en comunas como Tiltil o Melipilla, sus habitantes se abastecen con camiones aljibes.
Respecto a las medidas que se están tomando para hacer frente a los efectos más extremos como es el caso del calor, Fabry indica que la mejor vacuna es la forestación pues “permite bajar hasta en 3°C la temperatura superficial”.
Así, el Gobierno de Santiago implementa el programa Brotar, una iniciativa con una inversión de $1.998 millones, que considera “35 mil nuevos árboles de bajo consumo hídrico, más 33 bosques de bolsillos, que son bosques urbanos hechos con la técnica de Miyawaki, que van a incorporar a otros 150 mil especies vegetales, y que van a permitir bajar la temperatura de las islas de calor, es decir, aquellas zonas de Santiago donde hay más calor”, dice Fabry.
La institución, además, trabaja con 30 municipios para elaborar estrategias hídricas y protocolos de producción limpia que “son acuerdos públicos-privados para hacer un uso sostenible del agua”, explica.
En esa línea cobra relevancia el trabajo transversal de distintos organismos, comunidades y sociedad civil. Básicamente conciliar distintas visiones cuando se trata de una emergencia que ya se vive como es el caso del cambio climático.
Una tarea que ya está encaminada como lo muestra el reciente Acuerdo para el Agua, que surgió a fines de octubre tras la convocatoria por parte de instituciones académicas –Universidad San Sebastián, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Andrés Bello, entre otras–, a actores relevantes como la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess AG) y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
Para Claudio Reyes, coordinador del Diplomado de Planificación Estratégica de Recursos Hídricos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien trabajó en el documento, “ante la falta de capacidad los sectores públicos y privados de construir acuerdos, un grupo de profesionales y académicos decidimos invitar a distintos actores para que conversáramos sobre agua. No importa que estemos en desacuerdo en el 95% de los temas, la intención era identificar ese 5% donde sí estamos de acuerdo y podemos avanzar”.
La propuesta busca mejorar la gestión del agua y proponer políticas públicas a partir de seis puntos principales como la necesidad de una visión compartida y a largo plazo, que trascienda los ciclos políticos; junto con optimizar la institucionalidad hídrica mediante una gobernanza descentralizada.
También destaca la importancia de contar con información científica actualizada y confiable para tomar decisiones sobre el uso y protección del recurso hídrico; y fomentar la innovación en el uso del agua, integrando nuevas fuentes, tecnologías y prácticas de eficiencia.
Para la activista Julieta Martínez, de 21 años y fundadora de la organización Tremendas, que se enfoca en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, los jóvenes tienen un rol fundamental ante el cambio climático al igual que la educación ambiental.
“La educación ambiental no sólo crea conciencia, no sólo sensibiliza, sino que también empodera a las personas. Te entrega herramientas, te explica cómo actuar, cómo defender tu territorio, cómo entender a tu localidad, a tu comunidad, cuáles son los agentes claves con los que tienes que contactar cuando está ocurriendo un problema de carácter ambiental o están vulnerando tus derechos humanos”, añade.
La joven apunta al poder que tiene en lo que respecta “al carácter colectivo, que es ya la movilización, la creación de políticas, y esto es algo que vemos hoy cada vez más: la unión de las personas”.
¿Y cómo avanza la consulta?
Un trabajo arduo es el que conlleva generar una respuesta a las interrogantes que componen la consulta de Chile y Colombia. Eso sí, ya estaría en recta final pues las audiencias y observaciones se llevaron a cabo y solo queda que los jueces deliberen y entreguen su resolución, lo que podría suceder a fines de este año o durante el primer semestre de 2024.
Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente, apunta que el ser la opinión consultiva que más participantes ha congregado, conlleva que “vaya a tomar más tiempo para que los jueces puedan emitir sus comentarios”.
Tomás Pascual, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, precisa que las expectativas que se tienen respecto a la respuesta que dará la Corte IDH apuntan a “contar con un lineamiento más claro de parte del Tribunal Interamericano de la forma en que los estados tienen que garantizar, y promover las obligaciones que están en la Convención Americana”.
¿En qué se traduce esto? Explica que lo que se requiere es tener guías sobre cómo adecuar, por ejemplo, marcos normativos que puedan servirle a los Estados para tener “más herramientas para enfrentar esta situación con perspectiva de derechos humanos”.
En el caso chileno, donde existe una legislación avanzada, Pascual dice que puede que la Corte “no nos diga algo que sea muy distinto de lo que ya tenemos, pero sí respecto de las personas defensoras porque estamos generando un protocolo, entonces sería muy bueno que esta opinión pueda ser una referencia. Lo mismo sobre el tema de desplazados”.
Así, plantea que hay una serie de elementos que serán útiles “para la construcción de una política pública que puede servirle a los tribunales nacionales, sobre todo a los que tienen competencia ambiental”.
A juicio de Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, en estos años y a nivel mundial, se ha establecido el vínculo ineludible entre los derechos humanos y el cambio climático producto de los efectos que está produciendo. “Y en ese sentido ha habido un llamado muy fuerte y se han formulado recomendaciones a los Estados latinoamericanos para adoptar políticas públicas que puedan fortalecer la protección de los derechos humanos en este contexto de crisis climática”, detalla.
Por ejemplo, dentro del proceso de transición energética mediante el cual los Estados tienen la obligación de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, “puede que el cierre de industrias contaminantes provoque pérdidas de empleo, lo que ha sucedido en nuestro país con el cierre de carboneras, y ahí el sistema interamericano hace un llamado a los Estados para generar las condiciones para que este tipo de políticas pueda considerar otros aspectos ambientales, pero también sociales como medidas de reconversión de empleo”, destaca.
En ese sentido, contar con una respuesta por parte de la Corte IDH que entregue lineamientos, dice la experta en Derecho, fortalece “la protección de los derechos humanos en este contexto donde quedan en una situación de mayor vulnerabilidad”.
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Si bien el tema del cambio climático y su impacto en los derechos humanos no había sido analizado como punto central por la Corte IDH, el tribunal sí ha estudiado materias similares. Por ejemplo, en la opinión consultiva dictada en 2017, tras una solicitud por parte de Colombia sobre “las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal”.
En su respuesta, el tribunal reconoce la existencia de “una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce efectivo de los derechos humanos”. Además, plantea que los Estados deben regular, supervisar y fiscalizar las actividades que puedan dañar al medio ambiente y que tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia en relación con sus obligaciones para la protección del medio ambiente, entre otros puntos.
¿Y qué han dicho otros sistemas de justicia? El Tribunal Internacional del Derecho del Mar emitió su respuesta en mayo pasado, en la que planteó, por ejemplo, que los Estados están obligados a proteger el ambiente marino del impacto que tiene la emergencia climática y que las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los humanos pueden considerarse como un contaminante marino.
De acuerdo con la ONU, el tribunal también “enfatiza el uso de los enfoques de precaución y ecosistémico en el contexto de las obligaciones de los Estados de llevar a cabo evaluaciones de impacto ambientales y socioeconómicas de cualquier actividad que pueda causar contaminación marina relacionada con el cambio climático”.
En el libro “El cambio climático a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, su autora, Iraida Angelina Giménez, plantea que “la litigación climática encuentra en el sistema interamericano un camino prometedor”.
Añade que la CIDH, por ejemplo, “parece contar con las herramientas necesarias para iniciar la tutela de derechos afectados por el cambio climático peligroso. De esta manera se muestra proclive a exhortar a los Estados al cumplimiento de medidas destinadas a asegurar el respeto de los derechos afectados en un contexto climático dentro de una petición”, y que, en el caso de la Corte IDH, la opinión consultiva emitida en 2017 para Colombia “se traduce en un incentivo para exigir la tutela de derechos constantemente amenazados por el extractivismo intensivo de los recursos del continente”.
Para Carla Jorquera, estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile y participante del Comité de Sustentabilidad de aquella casa de estudios, un gran desafío es que las personas no deben ver al cambio climático como algo ajeno. Plantea que alguien en su diario vivir puede no saber que, por ejemplo, “la pérdida de la biodiversidad tiene una serie de consecuencias que incluso puede influir en su acceso al agua, en su calidad de vida. Entonces ahí está el principal desafío, en cómo se aterrizan las consecuencias del cambio climático a cosas que no sean evidentes, a la realidad de las personas y a su cotidianidad”.
Un reto que ha ido siendo asumido por distintos actores y que al sumar la perspectiva de derechos humanos se hará más fácil abordar la arista más humana de las consecuencias del cambio climático en un contexto de adaptación y resiliencia.
